El 18 de diciembre de 2020 entra en vigor la Ley 8/2020 de 16 de diciembre (BOE núm. 328 de 17 de diciembre por la que se adoptan medidas urgentes en materia de agricultura y alimentación.
Información de : Ana Alonso, asesora jurídica ASEAGRO
El 18 de diciembre de 2020 entra en vigor la Ley 8/2020 de 16 de diciembre (BOE núm. 328 de 17 de diciembre por la que se adoptan medidas urgentes en materia de agricultura y alimentación.
Ley incorpora un conjunto de medidas concretas, destinadas a mejorar la posición negociadora, la equidad de las relaciones y el justo reparto de los costes generales del sector primario.
En el ámbito de la Ley de la cadena alimentaria se anticipa a la futura reforma en profundidad que esta previsto acometerse y se introducen medidas puntuales cuya adopción se considera inaplazable:
- Se establece la obligación de que cada operador abone al inmediatamente anterior un precio igual o superior al coste de producción ( prohibición de destrucción de valor en la cadena alimentaria).
- Prohibición de que el operador que realice la venta final al consumidor pueda repercutir a ninguno de los operadores anteriores el riesgo empresarial derivado de su política comercial en materia de precios.
- Se incluye expresamente el coste de producción como elemento esencial para determinar el precio, que debe constar como uno de los elementos mínimos del contrato.( Recordar la obligación que establece la ley de formalizar por escrito todos los contratos por importe superior a 2500€)
- Se regulan las actividades promocionales de los productos alimentarios exigiendo que se desplieguen en un marco equitativo de obligaciones y derechos, en base al acuerdo y el interés mutuo. Las actividades promocionales no pueden inducir a error sobre el precio e imagen de los productos.
- Se publicarán las infracciones graves y muy graves impuestas en materia de contratación alimentaria, con fines disuasorios pero también punitivos, puesto que el elemento reputacional es esencial en el sector.
En relación con la fiscalidad de las ayudas públicas para la primera instalación de jóvenes agricultores
Se modifica la Ley 35/2006 del impuesto sobre la Renta para permitir el pago del impuesto a lo largo de las anualidades de ejecución de las ayudas. Esta reforma es de gran importancia y responde a una demanda tradicional del sector, dado que la incorporación de jóvenes es una de las líneas esenciales de la política de renovación del sector primario.
En materia de empleo se adoptan medidas en para promocionar la contratación estable y reducir el volumen de precariedad:
- Se recupera para el año 2020 la medida de conversión de contratos temporales de trabajadores eventuales agrarios en contratos indefinidos que incluye a los trabajadores fijos discontinuos.
- Con el objetivo de introducir medidas positivas para reducir la brecha de género, se establecen cuantías incrementadas en el caso de la conversión de contratos de mujeres trabajadoras