La nueva Ley contribuirá a la unidad de mercado en el ámbito del control de la calidad y defensa contra el fraude alimentario, así como a la competitividad, transparencia y claridad del sector alimentario, a la vez que protegerá los derechos de los operadores de la industria alimentaria frente a la competencia desleal.
Al mismo tiempo esta norma establece sanciones eficaces, proporcionadas y disuasorias, con el objetivo de frenar el fraude alimentario, en la línea del mandato de la Unión Europea en este tema.
Además del control oficial, la nueva ley incorpora y sistematiza otras formas e instrumentos de control, como la trazabilidad y el autocontrol, tanto de manera individual como el realizado por las asociaciones sectoriales, con lo que se pone en valor lo establecido en la normativa comunitaria en materia alimentaria. , esta norma establece sanciones eficaces, proporcionadas y disuasorias, con el objetivo de frenar el fraude alimentario, en la línea del mandato de la Unión Europea en este tema.
Asimismo, la norma prevé el establecimiento de un sistema de información para conocer y atajar el fraude alimentario por las autoridades competentes, tanto a nivel nacional como en las relaciones de España con la Unión Europea y el resto de Estados miembros.