Fuente: FOROPAC
El Consejo de Ministros de 19 de diciembre tiene previsto aprobar 4 Reales Decretos de aplicación de la Política Agraria Común (PAC) a partir de 2015. Antes, sin embargo, el Ministerio de Agricultura deberá incorporar buena parte de las “recomendaciones” realizadas por los servicios técnicos de la Comisión Europea a los textos provisionales, que no va a suponer revisar la forma de aplicar (justificación, objetivos, importes de las ayudas…etc.) la nueva reforma de la PAC en España, sino ajustes puntuales de los textos que fueron presentados al sector a mediados de julio pasado, relativos a la primera asignación de derechos de pago y a los pagos directos.
A partir de ahí, y tras su publicación en el BOE, se abrirá un plazo de casi tres meses, antes de que se inicie el periodo de solicitud de los nuevos pagos directos de la nueva PAC de la campaña de 2015 para llevar a cabo una intensa labor de divulgación y pedagogía entre los agricultores y ganaderos, como posibles beneficiarios.
En primer lugar, Bruselas plantea cambios en el sistema de regionalización de los pagos, al considerar que no pueden convivir en una misma región agronómica orientaciones productivas diferentes. Es decir, en una región cualquiera de las 24 propuestas por el Magrama, no puede haber una superficie de orientación “tierra arable” de cultivos herbáceos en secano o en regadío con superficies de pastos o cultivos permanentes.
Por tanto, lo que hará el Magrama es desglosar las 24 regiones propuestas del modelo de regionalización para España, ampliándolas a 50-51 regiones. Por ejemplo, si en la región 6 hay tierras “arables” de secano, pastos y cultivos permanentes habrá no solo una región, sino 3 regiones 6.1 tierra “arable” de secano; 6.2, de pastos y 6,3, de cultivos permanentes. Este desglose no supondrá cambios en el mapa de regionalización planteado en el proyecto de Real Decreto, aunque sí hará que el sistema sea más rígido y que se reduzca el proceso de convergencia.
Esto desglose no conllevará revisar los estratos y comarcas ya establecidos, ni al número de regiones en las que operará cada agricultor. Cada una de estas regiones, en su desglose, tendrá un valor medio al que converger, que no se desviará demasiado del inicialmente aceptado. No obstante, el hecho de que aparezca casi el doble de las regiones que las que en principio se acordaron, limitará la posibilidad de que los agricultores puedan modificar la declaración de su superficie.
Por otro lado, la Comisión Europea cuestiona también la figura del denominado “agricultor activo”, acordada por nuestro país, como aquel en el que al menos el 20% de sus ingresos agrarios proceden de una fuente distinta a la de las ayudas o pagos directos de la PAC.
Bruselas entiende que este criterio deja fuera a aquellos beneficiarios que decidan no producir, pero sí acogerse a la posibilidad que permite el reglamento comunitario de mantener su explotación en buenas condiciones. Es decir, podría estar dejando fuera a aquellos agricultores que desarrollan una actividad de mantenimiento de una finca o de unas parcelas, pero que, en cambio, no perciben ingresos.
Pese a dicha sugerencia, el Magrama no tiene intención de desvirtuar o modificar, por ahora, su definición de la figura de “agricultor activo”, puesto que su objetivo último es que las ayudas las cobren los agricultores que tengan una actividad productiva (es decir, declaren ingresos a Hacienda o la justifiquen con facturas de compra o gasto en insumos).
Ayudas acopladas
En tercer lugar, la Comisión Europea se explaya en las recomendaciones sobre las ayudas acopladas o ligadas a la actividad productiva específica. Para Bruselas, cada ayuda acoplada debe tener solo un único importe, que se concederá para un solo fin específico y con un presupuesto asignado determinado de antemano. Es decir, no se pueden integrar tramos o complementos de ayuda por cada sector o producción beneficiaria.
Esta recomendación de Bruselas choca con el modelo de ayudas acopladas que se había aceptado por España, en el que, por ejemplo, la ayuda asociada a la leche planteaba una ayuda diferente a las primeras 75 vacas, o una diferenciación del apoyo según la explotación estuviese en zona de montaña, en Baleares (por insularidad) o en resto de España.
En principio, la solución que adoptará el Magrama será también desagregar estas ayudas en partes separadas, a excepción de las ayudas por derechos especiales, que también se consideran acopladas, pero no se van a revisar importes individuales de ayuda, ni el montante global presupuestario, sino únicamente se reformularán
En cuanto a las ayudas acopladas para la ganadería, se pasan de 5 líneas a 8 medidas, más las correspondientes a derechos especiales, aunque en realidad se han tenido que justificar hasta 18 medidas e importes distintos, manteniéndose el montante global presupuestado para cada sector.
Así, en vacuno de eche, la medida actual se desglosará en un pago básico para zona de montaña y Baleares (del mismo importe, cuando antes era el 100% para todas las vacas en Baleares y el 50% para zonas de montaña) ; en un pago básico para el resto de la Península; en un pago para las primeras 75 vacas de cada explotación ubicada en zonas de montaña o Baleares); en un pago para las primeras 75 vacas de la explotación.
El importe global destinado al sector del vacuno de leche no cambia, pero se divide en cuatro “sobres” distintos y su solicitud será distinta según se trate.
En ganado ovino, el presupuesto destinado al sector será el mismo, pero se desglosa en dos líneas de ayuda: básica y Baleares y montaña, lo mismo que en ganado caprino y en la vaca nodriza.
En ternero de engorde o vacuno de cebo, el presupuesto previsto se desdobla en cuatro líneas de ayuda: básica Península; ayuda para cebado en la misma explotación Península; básica en Baleares y cebado en la misma explotación en Baleares.
Derechos especiales
En la ayuda acoplada en base a derechos especiales se produce un mayor cambio. Se trata del pago básico de los ganaderos con animales que no tienen tierra y que han tenido en esta última PAC derechos especiales de ayuda. Bruselas ha sugerido que el diseño de esta medida tiene que ser como el del resto de las ayudas acopladas. Es decir, con un cálculo de los importes individuales.
El cálculo se va a realizar de una forma global, de manera que, una vez definido el presupuesto para cada sector que cuenta con derechos especiales, el importe que cobrará cada ganadero será el resultado de dividir el presupuesto máximo del sector entre el número de animales primables declarados en toda España por explotaciones que hasta 2014 contaban con derechos especiales y no han declarado superficie, multiplicado por el número de animales primables que declare anualmente ese ganadero.
Por tanto, el importe cobrado en el año 2014 no debería ser un límite para la percepción de ayudas acopladas, como se indicaba hasta ahora en los borradores de pagos directos.
El presupuesto de cada sector será, por tanto, el resultado de sumar la parte de pago único de los ganaderos con derechos especiales, más la parte correspondiente que se calcule deberían cobrar como ayuda acoplada normal los animales declarados en las explotaciones con derechos especiales.
El reparto del presupuesto entre los tres sectores ganaderos con derechos especiales es: vacuno de leche, 2,227 M€; vacuno de cebo; 1,44 M€, y ovino-caprino, 30,155 M€. Para cobrar estos derechos de pago se tendrán que presentar cabezas de animales, cobrándose en función del número que se tenga y nunca por superficie.
Asimismo, se reducirá del 30% al 20% el peaje por la transferencia o transmisión de derechos sin tierras.
En relación a la aplicación del “reverdecimiento” o greening, y la posibilidad de que no se aplicase en 2015 por las dificultades que entrañaban, como se ha pedido en la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo, el Magrama asegura que se va aplicar, es decir, se tiene que cumplir en 2015, decidiéndose solo que en el próximo año y en 2016 se lleven a cabo reducciones del pago “verde” en función del porcentaje de no cumplimiento, en lugar de aplicar sanciones por este motivo. A partir de 2017, por tanto, habría reducciones de importes en toda la explotación por incumplimiento del greening y también sanciones.
Por último, respecto a la obligación de identificar el DNI-NIF del arrendador de tierras de cultivo, desde el Magrama se indica que sigue siendo obligatorio, pero como medida transitoria en 2015 no va haber sanciones si no se plasma tal identificación, salvo en el caso de que existan problemas por duplicidad de recintos en los que el arrendador no sea identificado.